N° 6 DECLARACION, APORTE Y COMPROMISO DE LAS PROVINCIAS TAURINAS”

Artículo publicado en Burladero.com

Opinión sobre la declaración de Palca y Sicaya como las primeras ciudades taurinas del Perú.

Por Jaime de Rivero

Hace pocos días, dos ciudades de la Región Junín se colocaron a la vanguardia en la defensa de las corridas de toros en el Perú. Primero Palca y, a los pocos días, Sicaya, se han proclamado como “ciudades “taurinas”, a través de normas emanadas de sus propias autoridades, en ejercicio de las competencias que les asigna la legislación municipal. De este modo, a la estupenda organización y promoción de sus ferias, se añade esta valiente declaración que reafirma que la fiesta brava es una expresión de la peruanidad, desmintiendo a la vez, aquella percepción errada que la pretende reducir a una  diversión de la clase alta limeña. 

El centro del país ha encendido una llama que debería propalarse por todos los lugares en donde se celebra esta tradición. Los pueblos tienen un poder que no está siendo utilizado a favor de obra, toda vez que el Congreso de la República está integrado en gran mayoría por representantes de las provincias, muchas de las cuales celebran corridas de toros. La población y sus autoridades tienen una labor en ese campo, en el que se deben tender puentes para trabajar con sus parlamentarios en  la defensa taurina.    

En otros artículos he explicado con detenimiento la inconstitucionalidad de la prohibición, así como de cualquier medida que pudiere causar la extinción de la tauromaquia. Sin embargo, no se puede soslayar que el Poder Legislativo está gobernado por la política que condiciona la mayoría de las decisiones que adopta el Congreso, algunas veces anteponiéndose a las razones jurídicas.  

El caso colombiano que se disputa en la actualidad, es un ejemplo completo de como las leyes y sentencias pueden convertirse en letra muerta ante la voluntad política de alguna autoridad irracional. El alcalde bogotano lleva adelante una campaña para eliminar las corridas de toros desafiando al Tribunal Constitucional Colombiano, que ya se había pronunciado a favor de la conservación de la fiesta, así como a la propia Constitución, que en varios acápites ampara el derecho humano a la cultura, que protege la libertad de los ciudadanos para acceder y participar de sus expresiones culturales ancestrales.

Más que una alerta, lo que está ocurriendo en Colombia -y antes sucedió en Quito-, debe interpretarse como un llamado a la guerra, a la que se debe acudir organizados y preparados con todos los actores: estamentos, autoridades y aficionados. Los pueblos de Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Apurimac, La Libertad entre otros, deberían asumir una participación activa, tomar las armas de la razón y el derecho, e iniciar una cruzada con el objetivo de que su voz llegue a oírse nítida en la capital.  

Palca y Sicaya lo han hecho con estas declaraciones que ya están en las manos de todos los congresistas de la República y que trasladan un mensaje eficaz: la unión del pueblo y sus autoridades en la defensa de este propósito.