Artículo en la página de opinón diario El Comercio
publicado el 3 de octubre de 2014
Autor Jaime de Rivero Bramosio
La Corte
Constitucional de Colombia ha restablecido el mes pasado, las corridas de toros
en la plaza Santa María de Bogotá, frustrando la ofensiva abolicionista del
alcalde Petro. Esta sentencia se suma a otras emitidas recientemente en
salvaguarda de la cultura taurina en Francia, Colombia y Perú.
La tan
invocada prohibición en Barcelona en el 2010, lejos de erradicar la tauromaquia,
ha permitido aplicar la moderna legislación cultural, logrando un hito emblemático
en Francia, que en el 2012, la declaró patrimonio cultural, haciendo imposible
su eliminación.
Esta
protección jurídica se sustenta en que la tauromaquia es, esencialmente, una
manifestación cultural. En el caso peruano, forma parte de nuestra identidad mestiza,
forjada por el sincretismo de lo andino con lo hispánico. El uso de animales no
altera esa condición, como tampoco el que hoy algunos la reprueben.
Las tradiciones
están protegidas por el derecho humano a la cultura que garantiza a las personas
la libertad de elegir y practicar las manifestaciones de su identidad cultural.
Este derecho apareció en el s. XIX, aún cuando su necesidad nació con la civilización
misma, pues desde tiempos inmemoriales los pueblos se han exterminado unos a
otros, destruyendo la riqueza cultural de la humanidad. Tras la Segunda Guerra
Mundial, se incorporó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados
internacionales y constituciones, consolidando una legislación especializada.
La polémica sobre
los toros evidencia un enfrentamiento de orden cultural. La cultura dominante u
occidental, de la que somos parte y que impera
en casi todo el orbe, pretende eliminar a la cultura taurina, que es local, minoritaria
y remanente. La tauromaquia siempre fue valorada como arte y fiesta culta en
nuestra sociedad; sin embargo, la creciente preocupación por los animales en
las últimas décadas, ha deformado esa percepción y hoy resulta combatida por
poseer un antivalor de la cultura dominante: sacrificar un animal en un rito
público.
Una corriente
de pensamiento no debe imponerse por la fuerza ni atropellar el derecho adquirido
por quienes practican una manifestación cultural transmitida de generación en
generación. En el caso de la tauromaquia, el enfrentamiento está cargado de
fanatismo, prepotencia y odio expresados en una campaña feroz para desprestigiarla
y suprimirla.
Frente al
peligro de destrucción de las culturas por efecto de la globalización, la
Unesco promovió la Convención sobre Protección de la Diversidad Cultural (2005),
por la cual la comunidad internacional se obligó a defender todas las culturas estableciendo
como única condición que respeten los derechos humanos, requisito que la
tauromaquia cumple a cabalidad.
La humanidad ha
evolucionado hacia la defensa y protección de las culturas minoritarias. Estas poseen
su propia dinámica de selección y se extinguen cuando libremente sus miembros dejan
de practicarlas. Por ello, una prohibición además de anacrónica, viola derechos humanos, menoscaba la libertad
individual, convalida el abuso y fomenta el conflicto.
Lamentablemente,
en esa senda de la intolerancia cultural actúa el Vice Ministerio de Patrimonio
Cultural, a cargo de Luis Jaime Castillo, que desobedeciendo la Sentencia 017-2010
del Tribunal Constitucional que declara que la tauromaquia forma parte de la
diversidad cultural que debe protegerse, condicionó la declaración de
patrimonio cultural de las festividades de Chalhuanca en Apurímac, a no celebrar
el yawar fiesta ni corrida de toros, con el despropósito de suprimir esta honda
tradición andina.
La política
del Estado, por el contrario, debe proteger nuestra diversidad y promover el
diálogo intercultural para comprendernos y aceptar nuestras diferencias. Exigir
respeto y tolerancia de lo que se está de acuerdo es simple y cómodo, el verdadero
reto es practicarlo con lo que se discrepa o rechaza, y esa es la clave para alcanzar la paz social.
